El suelo y sus propietarios (y II)

Lo que cambia en nuestro mundo, y en el de las ciudades, con la revolución industrial es la liberación de la tierra de cualquier vínculo con el pasado. Es esta liberación lo que nos ha permitido progresar como hemos progresado, pues ninguna institución ni individuo privilegiado tiene poder sobre las fuerzas del mercado en el que vivimos y que nos ha procurado tantas ventajas, al menos materiales. Sin embargo, al poder cada uno de nosotros comprar y vender lo que queramos como si fuera nuestro (y este "como si fuera nuestro" encierra toda nuestra modernidad; es lo que nos hace verdaderamente "modernos") ocurre que todo el suelo que rodea las ciudades, y el de dentro de las mismas, pasa a ser propiedad de infinidad de individuos que lo utilizan para fines propios, amparados por la ley. Además, estos individuos podríamos decir que no tienen cara, pues son cambiantes al hilo de la compraventa de este suelo.
En un principio, como decimos, la ley protegía esta propiedad privada de los individuos como uno de sus grandes ideales y logros frente a las lacras del pasado . Pero con el tiempo la sociedad se dio cuenta de que este exagerado sentido de la propiedad privada había desembocado en una usurpación a la sociedad del derecho de decidir qué hacer con los suelos que rodean la ciudad. La ciudad, de pronto, se vio cercada literalmente por los propietarios de suelo que anteponían su derecho de propiedad a las necesidades de los ciudadanos. Las murallas visibles, ya derruidas, se habían convertido en un muro invisible que chantajeaba a la ciudad y que, además, mediante las indemnizaciones que exigían los nuevos propietarios para que se pudieran hacer calles y plazas, le extraía a esta todo el beneficio económico de la expansión urbana.
Así, a lo largo del siglo XIX, fue naciendo el concepto jurídico de "interés social". Este concepto fue el arma que la ley inventó para combatir al hijo que había creado, el propietario privado, y que empezaba a oprimir a sus padres, la sociedad industrial y sus necesidades.
La lucha entre estos dos principios ha sido, y sigue siendo aún en el siglo XXI, uno de los caballos de batalla del urbanismo moderno. Batalla que poco a poco se ha ido decidiendo, al menos en las leyes, a favor del interés social; limitando el derecho de propiedad. Pero esto ha generado un cuerpo legal muy complejo lleno  de conceptos a veces abstrusos, necesitados de interpretación, así como de operaciones aritméticas con las que se intenta retener para el bien común parte del beneficio de los propietarios de ese problemático suelo-mercancía (especie de monstruo de dos cabezas) que se compra y se vende en el mercado.

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